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La encrucijada dominicana: ¿es posible el cambio?

Países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia, Austria, Canadá, Japón y otros (civilizados todos), en su formación, acabaron con la violencia privada recurriendo al monopolio estatal de la fuerza; en su consolidación, los ciudadanos confiaron en el funcionamiento del aparato jurídico por medio de la aprobación de leyes justas y la construcción de una burocracia eficiente, mientras que, en su madurez, cuidan de su entorno por convicción, resultado que se obtiene con dos pilares esenciales: educación y bienestar social. Si la represión estatal fue el "martillo" inicial que moldeó las fronteras y el orden, la justicia social y la educación pulieron ese orden hasta convertirlo en el respeto voluntario que, desde lejos, admiramos hoy.

¿Puede la República Dominicana alcanzar ese nivel de civismo hoy en día sin pasar por etapas de control estricto? ¡IMPOSIBLE! Un país que se ha ganado el sobrenombre de «selva» —debido a la frustración del ciudadano honesto, capaz y respetuoso ante el caos del tránsito, la delincuencia, la corrupción generalizada y la ausencia de un régimen de consecuencias— no tiene solución normal para salir del atolladero en el que vive sumergido. Se ha constituido en un Estado fallido que solo puede exhibir como logros la formación de excelentes jugadores de béisbol y un crecimiento económico producto del narcotráfico y la proliferación de mafias internacionales. El desafío dominicano radica en acabar con la impunidad.

Es prudente señalar que el crecimiento económico que ostenta la nación es exclusivo de las élites; los pobres permanecen en la misma miseria: ignorantes, esclavizados y sujetos a un modo de vida degradante. Pasaron de hacer labores agrícolas en los campos más desvalijados y remotos del país, y de vender frutas y agua en bolsas —a pie o en triciclos—, a conducir motocicletas sin saber, en su mayoría, leer ni escribir. Subsisten en un peligro constante al que están sometidos y al que someten a los pocos que aprendieron a vivir en sociedad. Este agravio es el resultado de la mediocridad gubernamental, de su incapacidad y de la falta de determinación para afrontar el desorden que experimenta la sociedad en todos los ámbitos, especialmente en el caótico tránsito que mantiene al borde de la locura, incluso, a los propios infractores que lo ocasionan.

Desafío y propuestas

El desafío dominicano radica en la falta de consecuencias. Para domesticar una "selva" se necesita una "jaula" de reglas que nadie pueda saltarse; el animal que salga de esa jaula debe ser sometido por el aparato represivo del Estado. En esos países civilizados, el ciudadano respeta la ley no porque sea "mejor persona", sino porque sabe que la consecuencia es inevitable. Debe haber menos policías pidiendo, haciendo nada o mal presentándose en una esquina con un ridículo y bochornoso uniforme, y más haciendo el trabajo por el que reciben ingresos y juraron lealtad y compromiso con la patria. Debe haber más cámaras de fotomulta, más patrullas persiguiendo delincuentes motorizados... El sistema debe ser ciego: que la multa al "hijo de Don Fulano" sea igual de ineludible que la del motoconchista. El motoconcho, ese cáncer que consume la sociedad, debe ser domesticado de la manera más realista posible. Si no se castiga al que tira basura a la calle, o al que viola la luz roja de un semáforo, o al que hace lo que le viene en ganas en las vías del país, el cerebro ciudadano entiende que "todo está permitido".

Un ciudadano respeta las reglas cuando siente el peso de la ley, pero también cuando el sistema lo protege. Un proceso judicial viciado e incompetente, que tarda años, es una invitación a tomar la justicia por mano propia. Mientras el poder político intervenga en la justicia, y esta siga conformada por muertos de hambre e ineptos —analfabetizados por un arcaico y deficiente sistema educativo que le ofrece una sociedad degradada para que puedan canjear condenas por "yipetas" (palabra despreciable que la selva enarbola como el más extraordinario orgasmo), queridas, pistolas y cuentas en dólares en Nueva York, ciudad que para muchos es la capital del imperialismo yanqui—, el ciudadano común se sentirá en una jungla en la que sobrevive el más fuerte o el que esté mejor conectado.

No basta con charlas sobre los valores de Duarte, el coraje de Caamaño o la epopeya librada por Gregorio Luperón. La educación debe ser pragmática: incentivos y desincentivos. El cumplimiento de la ley debe dar acceso a mejores tasas de crédito, a asistencia social, a cubiertas médicas y escolares; la violación (tirar basura, saltar semáforos, consumir bebidas alcohólicas mientras se conduce, transitar en vía contraria) debe acarrear multas, encarcelamiento, suspensión de licencias e incautación de bienes.

Acciones inmediatas para evitar una catástrofe

A muy corto plazo —o sea, ¡HOY!—, servirse del aparato represivo del Estado e implementar penas severas serían las primeras opciones. El motoconchismo y el sistema de guaguas privadas deben desaparecer, sustituyéndose por un transporte digno y estatal (como el Metro o Teleférico), donde el entorno aseado dicte un comportamiento limpio. ¿Funcionará en República Dominicana?

La "civilización" en Europa a menudo bajó de las élites hacia el pueblo. En la selva, si los políticos, empresarios y figuras públicas violan las leyes consuetudinariamente, con arrogancia y soberbia, el mensaje para la calle es: "sálvese quien pueda". El respeto debe empezar desde arriba para que sea creíble abajo. Pero debe haber capacidad en las ejecuciones del gobierno: no es posible que se haya invertido millones de dólares en semáforos "inteligentes" para que policías ignorantes controlen el tránsito; no hay necesidad de más leyes para acabar con los desafueros de los motoconchistas (los cascos y demás absurdos señalados por la policía —como sea que se llame esta— no son las causas del problema), solo se requiere que el aparato represivo (fuerza policial y justicia) cumpla sus funciones con las ya establecidas.