Ensayo, Historia y Sociedad
Nemen Hazim

La edificación se muestra devorada por una vegetación selvática que simboliza el triunfo de la anomia sobre el orden civilizado. De arriba hacia abajo, la premisa del ensayo [«La República de la Selva: Radiografía de un país donde nada funciona»]; el colapso de la seguridad ciudadana y la violencia callejera; la corrupción de cuello blanco y la degradación de la palabra pública; el envilecimiento sistémico: filas interminables en instituciones bancarias y de servicios, marañas caóticas de cables eléctricos y de fibra óptica y expresiones culturales y religiosas distorsionadas que reducen la vida al tigueraje; la consigna «Disolución de la nación» [sella el diagnóstico de una sociedad en crisis profunda]

Análisis de la descomposición social, la impunidad estructural y la ineficacia operativa de los servicios y el sistema financiero dominicano. Del colapso de la justicia a la bancarrota moral: anatomía de un país donde la transgresión es la norma...

La anomia cotidiana: Radiografía de un país donde nada funciona

Durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, en el sector Serrallés de Santo Domingo, el joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, fue brutalmente agredido con múltiples estocadas por Johnny González, de 41 años. Este hecho, calificado preliminarmente como un intento de asalto al azar, conmocionó a la opinión pública. El agresor, poseedor de un amplio historial delictivo que incluye múltiples registros por robo, posesión y tráfico de sustancias controladas, y tentativa de homicidio, fue capturado días más tarde y sometido a una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva.

Más allá de la tragedia individual, la magnitud de esta agresión perpetrada por un reincidente consuetudinario —quien jamás debió transitar libremente por las calles dominicanas— nos obliga a inaugurar una serie de ensayos dedicada a examinar una premisa ineludible: la transformación de la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Caamaño, Fernández Domínguez, El Moreno, Amín, Otto, Amaury, Hamlet y Orlando, entre muchos otros grandes revolucionarios que ofrendaron sus vidas por un mejor país, en una auténtica selva institucional y social.

La revelación del perfil del agresor, conocido por los archivos policiales debido a su renuencia a abandonar la actividad delictiva a pesar de múltiples detenciones, ha encendido una legítima alarma en el seno de la parte sana de la sociedad dominicana —subyugada de manera sistemática por la transgresión constante de la ley a manos de una cultura del tigueraje que permea la cotidianidad—, que se formula una pregunta inaplazable: ¿cómo es posible que un individuo con un prontuario de esta naturaleza continúe circulando con total impunidad por las calles del país?

La respuesta nos remite inevitablemente al colapso de los mecanismos de control social y a la ineficacia de un sistema de justicia que frecuentemente actúa de manera reactiva y tardía, fallando en su deber fundamental de salvaguardar el orden público y la seguridad ciudadana.

Resulta paradójico apelar a la metáfora de la selva para describir nuestra realidad social, pues, en la naturaleza, los ecosistemas operan bajo estrictas leyes de equilibrio. En la selva natural, los organismos conviven en un estado de competencia regulada por la densidad y la especialización estratificada; los animales ocupan nichos específicos para evitar la aniquilación mutua y dependen de una red de interdependencia de cooperación (o mutua), como la polinización o la dispersión de semillas, donde la supervivencia está intrínsecamente ligada al orden ecológico.

Por el contrario, en la selva dominicana contemporánea impera la anomia. Las normas existen en el papel, pero carecen de vigencia fáctica; cada actor social opera bajo la premisa de la conveniencia individual. Como bien apuntara en su momento Fafa Taveras —otro gran revolucionario— en su llamado a Refundar la República, el tejido institucional y ético del Estado se encuentra secuestrado por el autoritarismo, la mediocridad, el clientelismo y todo género de prácticas antidemocráticas que erosionan las bases de una convivencia pacífica, íntegra y civilizada.

El ciclo vicioso de la mediocridad y el efecto dominó

El colapso de la seguridad no es un fenómeno aislado; es el resultado terminal de un ciclo de reproducción cultural defectuoso. Este proceso se gesta desde las bases: un entorno familiar marcado por carencias materiales y afectivas; un sistema educativo debilitado por la incompetencia y la falta de compromiso docente; y una aspiración colectiva distorsionada donde el éxito se mide por la acumulación material a cualquier costo, independientemente de la ética. Este círculo vicioso impregna el ejercicio profesional —ya sea en la abogacía, la judicatura, la ingeniería o la medicina— con una mentalidad de urgencia y precariedad cognitiva. El resultado es la consolidación de un sistema social que, en amplios sectores, simboliza la mediocridad, el arribismo, la erosión del mérito y la bancarrota moral en el ejercicio del día a día.

Degradación de la palabra y el cinismo institucional
Continuidad en la República de la Selva

En la primera entrega abordamos la crasa deficiencia del sistema de justicia y la actuación de los responsables de poner en marcha el aparato represivo del Estado frente a la desgracia sufrida por el joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, cruelmente agredido por Johnny González, delincuente de profesión que mantiene un récord escandaloso en los registros de la Policía Nacional —por varios robos, posesión y tráfico de drogas y tentativa de homicidio—, antecedentes que, sin embargo, no parecen obstaculizar su libre circulación por las calles de la República Dominicana, como si lo que exhibiera en su historial punible fuese el currículum de un genio de la medicina, la ingeniería o cualquier otra profesión.

El propósito de esta segunda entrega era abordar otra de las deficiencias de una sociedad sometida por el tigueraje. Empero, ante la monstruosa noticia que muchos medios difundieron como si se tratara de un chiste, no podemos abandonar el tema de la delincuencia —en todas sus vertientes, sobre todo aquella que involucra a políticos a quienes se ha confiado la administración de alguna de las dependencias del Estado—, ni el de la inseguridad, la impunidad y los desafueros que parecen superarse cada día en la República de la Selva.

En un caso digno de análisis por los mejores científicos que han desfilado por la historia de la humanidad, el abogado y exfuncionario Ángel Lockward afirmó que haber devuelto RD$220 millones al Ministerio Público, en el marco del Caso Calamar —proceso judicial por corrupción administrativa en la República Dominicana que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina—, no constituye una prueba de culpabilidad por corrupción. El Ministerio Público lo acusa de utilizar su firma de abogados para gestionar expropiaciones fraudulentas de terrenos estatales y simular compras de créditos con el propósito de desviar fondos públicos.

Lockward entregó RD$220 millones y algunos bienes a la Procuraduría General de la República, argumentando que dichos fondos correspondían a pagos de honorarios profesionales recibidos de sus clientes. Asimismo, sostuvo que la entrega del dinero ocurrió bajo presión institucional y familiar, y afirmó que el órgano persecutor utilizó tácticas de presión contra sus parientes y allegados. En las dos terceras partes de una isla que, desde sus inicios, vivió en la miseria y que, como nación, desarrolló el hábito de lo mal hecho —hasta muy tarde, ya en el siglo XX, llegó a desarrollar un capitalismo viciado y deforme—, ¿pueden ser confiables sus palabras?

El ciudadano común se pregunta, de manera ineludible y con inevitables destellos de ironía: ¿puede una persona que jamás recibió un centavo por hacer lo indebido devolver 220 millones de pesos dominicanos —¡casi 4 millones de dólares!—? En un país acostumbrado a tomarlo todo como chiste, no han faltado expresiones que, aun cuando uno no esté en esa «onda», tienden a arrancarle una sonrisa al más circunspecto: «lo harán santo de la Iglesia católica», «hazme un cuento de Caperucita Roja», «en este país cualquiera hace y dice lo que quiere», «muy cómico el muchacho», «el Santo Niño de Atocha», etcétera. Al margen de estas ocurrencias, queda una pregunta menos graciosa: ¿puede una sociedad como la dominicana atribuirse algún espacio dentro de la normalidad?

La respuesta se diluye entre la burla colectiva y la aceptación tácita de que el erario público ha sido históricamente botín de guerra para una clase política y togada que camina a sus anchas, blindada por tecnicismos procesales y por una complicidad sistémica que pulveriza cualquier atisbo de decoro.

Cuando el absurdo institucional se instala como norma y los montos de las devoluciones de capitales presuntamente sustraídos superan la imaginación del ciudadano de a pie, la sociedad recurre al humor negro como último dique de contención psicológica. Reírse de la tragedia institucional es el síntoma inequívoco de un pueblo que ha perdido la fe en la eficacia de la ley, transformando la indignación en una mueca de resignación colectiva.

Hacia la desintegración del pacto social dominicano

Esta peligrosa anestesia social no hace más que consolidar los cimientos de la selva: un ecosistema donde el pillaje de cuello blanco y la delincuencia de calle comparten una misma raíz putrefacta, alimentadas ambas por la certeza absoluta de que las consecuencias reales son opcionales para los intocables del sistema.

Permitir que discursos caracterizados por describir situaciones absurdas, burocráticas y alienantes sobre fortunas devueltas bajo supuestas presiones familiares sustituyan la rendición de cuentas genuina equivale a firmar el acta de defunción de nuestra convivencia civilizada (en un discurso de este tipo, la lógica se distorsiona: las reglas cambian constantemente). Mientras el aparato de justicia siga negociando la gravedad del delito a cambio de recuperaciones parciales y justificaciones inverosímiles, seguiremos atrapados en este bucle de degradación donde la patria de nuestros fundadores se desmorona bajo el peso de su propia desvergüenza.

La omnipresencia del tigueraje
Estructuras sistémicas de la expoliación

La descomposición social no se enclaustra exclusivamente en el comportamiento anárquico, en la falta de educación y civismo, en el irrespeto, en la corrupción y en la impunidad —conductas dañinas que se oponen a los valores éticos y morales de una sociedad—; abarca el espectro completo de todas las actividades que se desarrollan bajo el esquema del tigueraje (concepto sociológico vernáculo que describe la «habilidad callejera» que habita en el imaginario del ciudadano para sortear la problemática diaria): los sistemas contributivos, el sector bancario, los servicios públicos esenciales, las prácticas religiosas, los ejercicios musicales y los medios de comunicación.

El sistema contributivo es abusivo: la gasolina, gravada con una tasa desproporcionada, exhibe uno de los precios más elevados del mundo; y el ITBIS aterra con su 18%. Está diseñado de forma tal que la complejidad burocrática en cualquier gestión obnubila la mente del contribuyente más avezado, llevándolo, en ocasiones, a pagar doblemente el mismo impuesto. Además, funciona como fuente de recolección para la subvención de un clientelismo político incapaz y depredador que sangra el bolsillo del ciudadano y se exhibe envanecido por calles y medios de prensa.

Paralelamente, el sistema bancario opera, con el beneplácito de la administración del Estado, bajo la estructura de una estafa legalizada: intereses leoninos en los créditos, comisiones e impuestos punitivos por abonar las tarjetas de crédito, y el cálculo de mensualidades mediante fórmulas opacas que desafían los estándares financieros universales.

Los servicios se constituyen en la muestra más fehaciente de la incapacidad, no solo de los gobiernos, sino de técnicos y profesionales formados para escalar y expoliar de todo proyecto sin importar la magnitud ni el monto del presupuesto. La energía eléctrica —desde la generación, la transmisión y la distribución, hasta hogares, comercios y fábricas— es un desastre sistémico: opera recurrentemente sin la debida descarga a tierra (no es infrecuente el registro de muertes por electrocución al manipular electrodomésticos); el cableado aéreo es tan estrafalario que desafía la estética urbana; y la transmisión carece de coordinación en sus dispositivos de protección.

A pesar de que la República Dominicana ha adoptado formalmente el Código Eléctrico de los Estados Unidos (NEC), la realidad visual y técnica revela una incompetencia alarmante: tableros sin barras de tierra, conductores de colores normados (verdes y blancos) portando fases con voltaje activo, calibres inapropiados e interruptores termomagnéticos mal seleccionados que multiplican el riesgo latente de incendios catastróficos.

Por su parte, el suministro de agua potable es escaso, deficiente y de cuestionable salubridad. Todavía subsisten redes de tuberías de asbesto-cemento que, además de su comprobada nocividad biológica, reportan rupturas crónicas y colapsos estructurales. Las líneas matrices se instalan vulnerando flagrantemente los protocolos internacionales de ingeniería hidráulica. Del mismo modo, los registros para infraestructuras de telecomunicaciones, fibra óptica y televisión por cable —incluso en los complejos residenciales más exclusivos— semejan boquetes de destrucción; el tendido cruza el espacio público de manera caótica y las cubiertas protectoras brillan por su ausencia, propiciando interrupciones constantes perpetuadas bajo los patrones del abandono urbano.

En el plano simbólico, las expresiones institucionales y culturales sufren un desgaste análogo. Las estructuras religiosas, particularmente las evangélicas, importadas bajo esquemas de mercadeo espiritual, operan con frecuencia como mecanismos de enajenación de las grandes mayorías —creadas por Israel y Estados Unidos para idiotizarlas—; mientras que las manifestaciones musicales y el ejercicio periodístico contemporáneo descienden a los niveles más infimos de la decencia, exhibiendo espectáculos dominados por la vulgaridad, la ignominia y la precariedad intelectual propias de la más rancia costumbre callejera.

Conclusión: el fin de la impunidad o la disolución de la nación

A lo largo de esta serie de ensayos hemos documentado cómo la anomia se ha infiltrado en las estructuras más íntimas de nuestra vida en comunidad, desde la violencia desatada en las calles por criminales reincidentes hasta el cinismo institucional de los tribunales, los despachos de la alta política y la ineficiencia sistémica de los servicios.

Llegados a este punto crítico, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada histórica inapelable: o rescatamos el sentido ético de la ley y refundamos el contrato social sobre los cimientos del mérito, la transparencia y la justicia restaurativa, o asistimos, de manera irremediable, a la disolución final de la nación soñada por nuestros libertadores. La democracia no puede sobrevivir indefinidamente como un simulacro donde el erario es botín y la impunidad es privilegio de los intocables.

El restablecimiento del orden republicano exige, como condición sine qua non, erradicar la cultura del tigueraje tanto en su manifestación delictiva común como en su versión sofisticada de cuello blanco. Ello demanda una transformación profunda de los aparatos de persecución y justicia, una educación cimentada en la moral y el rigor técnico, y una ciudadanía dispuesta a desterrar el humor resignado para sustituirlo por la exigencia implacable de rendición de cuentas. Solo así podremos transformar esta selva institucional en una verdadera sociedad de derecho, donde la palabra recobre su valor, la infraestructura material e institucional refleje la dignidad humana, y el decoro vuelva a ser el eje rector de la convivencia dominicana.

Vínculos:

La dominicana, una sociedad sin redentores... [6/10/2018] Dictadura con respaldo popular, alternativa contra la degradación moral y el frente oligárquico... [5/8/2016]