La República de la Selva - El circo de la impunidad y la parodia institucional [ II ]
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Degradación de la palabra y el cinismo institucional
Continuidad en la República de la Selva
En la primera entrega abordamos la crasa deficiencia del sistema de justicia y la actuación de los responsables de poner en marcha el aparato represivo del Estado frente a la desgracia sufrida por el joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, cruelmente agredido por Johnny González, delincuente de profesión que mantiene un récord escandaloso en los registros de la Policía Nacional —por varios robos, posesión y tráfico de drogas y tentativa de homicidio—, antecedentes que, sin embargo, no parecen obstaculizar su libre circulación por las calles de la República Dominicana, como si lo que exhibiera en su historial punible fuese el currículum de un genio de la medicina, la ingeniería o cualquier otra profesión.
El propósito de esta segunda entrega era abordar otra de las deficiencias de una sociedad sometida por el tigueraje. Empero, ante la monstruosa noticia que muchos medios difundieron como si se tratara de un chiste, no podemos abandonar el tema de la delincuencia —en todas sus vertientes, sobre todo aquella que involucra a políticos a quienes se ha confiado la administración de alguna de las dependencias del Estado—, ni el de la inseguridad, la impunidad y los desafueros que parecen superarse cada día en la República de la Selva.
Insólito caso el de Ángel Lockward
Cuando devolver millones se convierte en acto de fe
En un caso digno de análisis por los mejores científicos que han desfilado por la historia de la humanidad, el abogado y exfuncionario Ángel Lockward afirmó que haber devuelto RD$220 millones al Ministerio Público, en el marco del Caso Calamar —proceso judicial por corrupción administrativa en la República Dominicana que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina—, no constituye una prueba de culpabilidad por corrupción. El Ministerio Público lo acusa de utilizar su firma de abogados para gestionar expropiaciones fraudulentas de terrenos estatales y simular compras de créditos con el propósito de desviar fondos públicos.
Lockward entregó RD$220 millones y algunos bienes a la Procuraduría General de la República, argumentando que dichos fondos correspondían a pagos de honorarios profesionales recibidos de sus clientes. Asimismo, sostuvo que la entrega del dinero ocurrió bajo presión institucional y familiar, y afirmó que el órgano persecutor utilizó tácticas de presión contra sus parientes y allegados. En las dos terceras partes de una isla que, desde sus inicios, vivió en la miseria y que, como nación, desarrolló el hábito de lo mal hecho —hasta muy tarde, ya en el siglo XX, llegó a desarrollar un capitalismo viciado y deforme—, ¿pueden ser confiables sus palabras?
La risa como mecanismo de defensa ante el naufragio moral
El ciudadano común se pregunta, de manera ineludible y con inevitables destellos de ironía: ¿puede una persona que jamás recibió un centavo por hacer lo indebido devolver 220 millones de pesos dominicanos —¡casi 4 millones de dólares!—? En un país acostumbrado a tomarlo todo como chiste, no han faltado expresiones que, aun cuando uno no esté en esa «onda», tienden a arrancarle una sonrisa al más circunspecto: «lo harán santo de la Iglesia católica», «hazme un cuento de Caperucita Roja», «en este país cualquiera hace y dice lo que quiere», «muy cómico el muchacho», «el Santo Niño de Atocha», etcétera. Al margen de estas ocurrencias, queda una pregunta menos graciosa: ¿puede una sociedad como la dominicana atribuirse algún espacio dentro de la normalidad?
La respuesta se diluye entre la burla colectiva y la aceptación tácita de que el erario público ha sido históricamente botín de guerra para una clase política y togada que camina a sus anchas, blindada por tecnicismos procesales y por una complicidad sistémica que pulveriza cualquier atisbo de decoro.
Cuando el absurdo institucional se instala como norma y los montos de las devoluciones de capitales presuntamente sustraídos superan la imaginación del ciudadano de a pie, la sociedad recurre al humor negro como último dique de contención psicológica. Reírse de la tragedia institucional es el síntoma inequívoco de un pueblo que ha perdido la fe en la eficacia de la ley, transformando la indignación en una mueca de resignación colectiva.
Hacia la desintegración del pacto social dominicano
Esta peligrosa anestesia social no hace más que consolidar los cimientos de la selva: un ecosistema donde el pillaje de cuello blanco y la delincuencia de calle comparten una misma raíz putrefacta, alimentadas ambas por la certeza absoluta de que las consecuencias reales son opcionales para los intocables del sistema.
Permitir que discursos caracterizados por describir situaciones absurdas, burocráticas y alienantes sobre fortunas devueltas bajo supuestas presiones familiares sustituyan la rendición de cuentas genuina equivale a firmar el acta de defunción de nuestra convivencia civilizada (en un discurso de este tipo, la lógica se distorsiona: las reglas cambian constantemente). Mientras el aparato de justicia siga negociando la gravedad del delito a cambio de recuperaciones parciales y justificaciones inverosímiles, seguiremos atrapados en este bucle de degradación donde la patria de nuestros fundadores se desmorona bajo el peso de su propia desvergüenza.
Continuará...
Ing. Nemen Hazim Bassa
República Dominicana
25 de septiembre de 2026
Cuando el absurdo institucional se instala como norma y los montos de las devoluciones de capitales presuntamente sustraídos superan la imaginación del ciudadano de a pie, la sociedad recurre al humor negro como último dique de contención psicológica. Reírse de la tragedia institucional es el síntoma inequívoco de un pueblo que ha perdido la fe en la eficacia de la ley, transformando la indignación en una mueca de resignación colectiva... |
